La red de organizaciones de la sociedad civil emitió un comunicado en el que denuncia un «deliberado manejo político de la pandemia» por parte del Gobierno nacional y le reclama el cumplimiento de sus deberes constitucionales en esta materia.
«Las vacunas certificadas son un derecho ciudadano». Así lo sostiene en un comunicado Creemos Alianza Ciudadana, plataforma nacional de organizaciones civiles dedicada a promover la formación y participación por el rescate de la libertad y la democracia, así como a la observancia de las garantías constitucionales.
En el documento, divulgado este 12 de abril, la red se unió a las voces que «reclaman al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus deberes constitucionales» y recordó que, según los artículos 83, 84 y 85 de la Carta Magna, «la salud es obligación del Estado que la garantizará como parte del derecho a la vida”; esto en referencia a las acciones emprendidas frente a la pandemia de la Covid-19 y, en particular, al plan de vacunación contra el virus.
Según Creemos, el Ejecutivo Nacional ha dirigido la crisis generada por el coronavirus «priorizando objetivos-políticos partidistas«, lo cual -advirtió- ha generado un «un manejo ineficiente de las políticas de salud» y «medidas abiertamente discriminatorias en contra de la gran mayoría de los venezolanos«.
«Después de un año y un mes de la aparición del virus y habiendo alcanzado alrededor de solo 3% de inmunización nacional, recién el sábado 10 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez declara que el Gobierno de Venezuela pagó la mitad del aporte a la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, requisito previo para tener acceso al 20% de las dosis. Esta tardía y aún insuficiente decisión pone en evidencia que la falta de disponibilidad de las vacunas no obedece a supuestas restricciones impuestas por las sanciones de un conjunto de países democráticos al Gobierno Nacional, como consecuencia de las persistentes y graves violaciones a los derechos humanos, sino a un deliberado manejo político de la pandemia que insistimos en denunciar«.
La plataforma alertó sobre la intención del Gobierno de Nicolás Maduro de «experimentar con vacunas y tratamientos que no han sido certificados por organismos nacionales e internacionales competentes en la materia, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Venezolana de Salud Pública», luego de que el Ejecutivo anunciara que Venezuela producirá en el país la candidata a vacuna «Abdala», de origen cubano.
«La salud de los venezolanos no puede arriesgarse con la intención de cumplir con acuerdos gubernamentales e intereses geopolíticos transitorios. Por ello, solicitamos un plan de inmunización con vacunas certificadas».
También recordó que la magnitud de la crisis de salud requiere de «acuerdos firmes» entre los diferentes agentes sociales y políticos que integran la sociedad venezolana.
«El país aún cuenta con científicos y personal médico capacitado (el cual ha sido el más vulnerado en sus derechos) para lidiar de manera eficiente con esta crisis sanitaria, pero se requiere de un profundo cambio de actitud en quienes dirigen hoy la administración pública, de manera que antepongan los intereses ciudadanos a los mezquinos intereses políticos y grupales que dominan en las esferas gubernamentales», sostiene el documento.
El comunicado completo de Creemos Alianza Ciudadana está disponible en la cuenta de Twitter de la organización, @cremosalianzac. También puede ser descargado, para su lectura, haciendo clic aquí: https://bit.ly/32eUfF2
*Foto montaje: Reto País (sobre imagen de Freepik.es)
