Para Humberto Villasmil, exsecretario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, la misión de la Organización Internacional del Trabajo que regresará al país debe lograr que las negociaciones entre gobierno, sindicatos y empleadores tengan resultados. De lo contrario, el proceso «se va a deslegitimar»
*Por Grace Lafontant
En los próximos días, una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volverá al país, tras una visita realizada en abril de este año, con el fin de promover la continuación del diálogo entre el gobierno, los trabajadores y empleadores. De esa forma, el «Foro de Diálogo Social» que tuvo lugar en el primer semestre del 2022 retomará temas esenciales relacionados con el empleo, el salario, la libertad sindical y los derechos laborales.
Para el abogado y profesor de la UCAB, Humberto Villasmil -exsecretario general de la Sociedad Internacional de Derecho Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (ISLSSL) y miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social- hay un alto nivel de expectativa sobre lo que pueda lograrse en este proceso, una situación que -dice- la misión de la OIT debe honrar.
«Hay que pensar en que tiene que haber avance para que esa instancia se legitime. Porque si la gente percibe que no hay avance en esas instancias de diálogo, se va a deslegitimar. El diálogo necesita prestigiarse, y la manera de hacerlo es decir que avanza. Yo hago un llamado a la misión para que, sobre esas circunstancias, valore la expectativa que se ha creado y la expectativa que ellos tienen el deber de colmar», dijo Villasmil, quien participó en un foro sobre libertad sindical organizado por la Facultad de Derecho de la UCAB.
Panorama complejo, muchos temas por resolver
Villasmil refirió que, desde la primera visita de la misión, han ocurrido acontecimientos que evidencian la difícil situación laboral que atraviesan los venezolanos.
Uno de ellos es la intensificación de las protestas por la aplicación del llamado «Instructivo Onapre», reglamento emanado de la Oficina Nacional de Presupuesto que fijó criterios sobre el pago del salario, bonos y primas de los empleados públicos y que, según han señalado organizaciones gremiales y sindicales, viola derechos constitucionales al reducir hasta en 70% los beneficios salariales obtenidos por los trabajadores en contratos colectivos.
A esto se suman el incremento de los casos de persecución, hostigamiento y encarcelamiento de dirigentes gremiales y sindicales.
Frente a este escenario, el profesor recordó que el gobierno nacional está en la mira de la Organización Internacional del Trabajo y mencionó que, en el informe realizado por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2019, el organismo exigió al gobierno «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión».
Por eso espera que las próximas conversaciones rindan frutos: «Yo creo en el diálogo social, creo en la libertad sindical porque es la llave del diálogo social. Y todo eso tiene que ver con la democracia en las relaciones laborales. Pero estoy consciente: esto tendrá prestigio y legitimidad en medida en que el ciudadano de a pie, el padre de familia, entienda que esto avanza. Y que, efectivamente, hay gestos de buena voluntad en favor del diálogo», finalizó.
*Fotos: El Nacional (apertura) y Manuel Sardá (retrato)
