En esta localidad del estado Apure, la acción coordinada de la sociedad civil y la Iglesia católica ha permitido mantener en pie programas educativos, de alimentación, defensa de derechos humanos, salud y ayuda a refugiados que benefician a los 30.000 habitantes y transeúntes que hacen vida en esa población fronteriza con Colombia
*Por Albany Díaz
Compañerismo, solidaridad y participación son tres de los sellos que distinguen a El Nula, pequeña comunidad situada al suroeste del estado Apure. Fundada a mediados del siglo XX, esta localidad fronteriza con Colombia se ha vuelto el espacio principal de trabajo de la parroquia eclesiástica San Camilo de Lelis, dirigida por el sacerdote jesuita, abogado y doctor en Filosofía, Eduardo Soto Parra.
Y es que por allá por los años 60, cuando El Nula comenzó a recibir una gran afluencia de personas que huían del conflicto armado interno de Colombia, los habitantes decidieron aliarse con la Iglesia católica local para asumir el reto de trabajar conjuntamente por el bien de la comunidad.
Más de medio siglo después, las 30.000 personas que hacen vida en esta población –entre lugareños, andinos, llaneros y colombianos- consideran esta alianza como su mayor logro y uno de los ejemplos más palpables de lo que puede alcanzarse con esfuerzo, unidad y reconocimiento del otro, aun en medio de la crisis o de las diferencias.
Esta mancuerna entre todos los sectores del pueblo es clave para «compensar la carencia de institucionalidad que vive el país», asegura el padre Soto.
Un trabajo de hormigas
Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), al menos 500 mil niños y jóvenes quedaron fuera del sistema escolar en el último año y 76.6% de los hogares viven en pobreza extrema. El Nula no escapa de este contexto, que ha obligado a madres, padres y miembros de la Iglesia a llevar a cabo desde «potazos» -como se le conoce a la iniciativa de generación de ingresos a través de múltiples donaciones económicas de baja denominación- hasta vendimias y subastas para recolectar fondos que permitan satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del pueblo.
«Aquí la gente es muy solidaria. Si hay personas enfermas o que deben operarse, si alguien necesita un traslado para llevar documento y no tienen el dinero, los vecinos hacen un potazo y los apoyamos desde los usos de los espacios de la parroquia”, explica el sacerdote, quien en septiembre de 2021 las riendas de la parroquia, luego de dirigir por más de dos años el Servicio Jesuita a Refugiados, capítulo Venezuela.
Como ejemplo, el padre Eduardo Soto pone sobre la mesa una de las más grandes iniciativas de la comunidad: La gran subasta ganadera. Tras un mes de preparación, en octubre de 2021 tuvo lugar la edición número 29 de este evento, en la que la venta de 89 animales, entre vacas y terneros; la comercialización de hervidos, carne en vara, bebidas y dulces; y un gran show musical -todo organizado por los propios habitantes del pueblo- hizo posible la recaudación de 100 millones de pesos (cerca de 25.000 dólares), destinados a las distintas obras que el complejo parroquial busca mantener este año.
«La respuesta de la comunidad y del pueblo fue muy generosa. Pasamos cartas a todas las comunidades en donde yo celebro la eucaristía, las comunidades vinieron, participaron, se vendió todo el ganado, las personas hicieron sus donaciones y logramos recaudar 100 millones de pesos, que son precisamente para esos trabajos y para conservar la infraestructura que tiene 30 años y que hay que refaccionar y acondicionar para que esté a la altura de los servicios que préstamos a la comunidad», indicó el padre.
Una lección de institucionalidad
Según explica Soto Parra, con el paso de los años y debido a la incapacidad de respuesta por parte del Estado, la sociedad civil se ha transformado en el principal gestor del cambio social de la Parroquia San Camilo de Lelis. Su fuerza evocativa y su potencial para asumir las competencias gubernamentales y administrativas locales han generado grandes avances en materia de servicios públicos y educación.
«La parroquia eclesiástica, o sea el párroco y la comunidad parroquial, asumen muchas de las acciones que les deberían corresponder al gobierno (como la promoción de la educación, el manejo y la limpieza del cementerio municipal). Todos los servicios públicos fueron instalados por la organización de las personas a través de alternativas privadas, se trajo a Fe y Alegría con la Escuela Técnica Agropecuaria Padre José Pastor Villalonga, nombrada en honor al primer párroco de El Nula. Tenemos también al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que brinda educación a distancia y es un modelo de promoción y atención comunitaria», agregó Soto.
El también exprofesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) indicó que el grado de independencia alcanzada por la comunidad ha permitido establecer dinámicas económicas y sociales propias, que contribuyen a la superación de las brechas de desigualdad y pobreza.
“Tenemos las condiciones como para ser un municipio, pero lamentablemente el gobierno nacional no lo quiere reconocer como tal. Muchas personas en su plan migratorio decidieron no irse y quedarse aquí, porque vieron que había oportunidades de progreso, que podían trabajar con moneda extranjera (porque aquí desde hace cuatro años todo se maneja en pesos colombianos) y que la economía local no está tan afectada por la fluctuación de la moneda ni por la inflación de Venezuela. El trabajo y la receptividad de la comunidad es lo que hace que la gente se quede aquí”, opinó.
Refugio y dignidad humana
Además del templo, el salón parroquial, las oficinas de la pastoral social y una farmacia comunitaria, la administración encabezada por Eduardo Soto se encarga de un programa de alimentación para niños malnutridos, una biblioteca para jóvenes, la Defensoría Monseñor Romero para niños y adolescentes, una escuela de educación especial, la pastoral juvenil y un espacio de cuidado para refugiados.
Soto, que dirigió el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) de Venezuela entre septiembre de 2019 y julio de 2021, explicó que la cercanía con Colombia convirtió a El Nula, casi desde su fundación, en parada obligada para las personas que venían de los departamentos del norte de Santander y que, actualmente, recibe a los cientos de venezolanos que emigran por tierra hacia el país vecino.
De hecho, dado el gran desplazamiento de venezolanos durante los últimos años -que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se ubica en 5.6 millones de emigrantes totales, de los cuales más de 1.7 millones residen en Colombia- el organismo de la ONU tiene presencia en la región a través de una casa de refugio.
Paz en medio del conflicto
Los enfrentamientos armados y la presencia de grupos paramilitares forman parte de la historia de la parroquia, en donde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cuya geografía limita con el área de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor y más antiguo grupo guerrillero de Colombia, establecido en el municipio La Victoria.
Pese a las épocas de incertidumbre y temor por la actuación de estos grupos, la Iglesia católica se ha unido con la comunidad para vencer el miedo y aferrarse a una espiritualidad activa, que funciona como pilar promotor de los ideales pacifistas y se manifiesta en acciones como marchas y protestas de distinta índole que congregan a la comunidad.
“La Iglesia Católica y la parroquia préstamos los servicios sin ningún tipo de discriminación y sin ánimo proselitista. Es un espacio donde la gente se siente en paz, donde puede descargar la impotencia que hay frente a la falta de respuesta de organismos públicos en relación a su carencia y en donde nuestra línea de trabajo central es la búsqueda de la paz y la articulación ciudadana, en medio de situaciones preocupantes de ajusticiamiento, fallecimientos, desapariciones y reclutamiento forzoso de jóvenes”, aseguró el párroco de San Camilo de Lelis.
No en vano, el pasado 5 de enero Eduardo Soto se unió a los párrocos de La Victoria y Ciudad Sucre para alzar la voz y hacer público un documento en el que manifestaron su preocupación ante el enfrentamiento armado que protagonizaron, el 2 de enero, irregulares de las FARC y el ELN en las poblaciones fronterizas del departamento de Arauca en Colombia y del estado Apure. El texto resume el espíritu con el que viven día a día los habitantes de estos territorios, olvidados por el Estado, pero negados a dejarse vencer por la desesperanza.
“Merecemos vivir tiempos de paz y prosperidad. Esta zona está llena de una gran riqueza humana, económica y espiritual, capaz de superar estos problemas, solo que la gente necesita de condiciones que le permitan desarrollar todas sus potencialidades. Un enfrentamiento en estos momentos, sería un golpe muy duro para la población. Por lo que les invitamos a que entre las partes involucradas, entablen un diálogo y acuerdos que traigan la paz y la estabilidad a la zona, teniendo como consideración a la población de esta zona que quiere levantarse de tantos golpes”, se lee en el documento.
*Fotos: cortesía Eduardo Soto Parra s.j.
